La profesión científica esta muy politizada
Archivado en I+D+i • Fecha: 01-03-2006 10:00:42Interesante artículo en el periodico El Mundo sobre la situación laboral de los científicos en España. Está realizado por José Canosa Martínez, antiguo investigador en el Centro Científico de IBM en Palo Alto:
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La revolución pendiente de la ciencia española
Algunos científicos españoles (según el manifiesto Pacto de Estado por la
Ciencia), constituidos en verdadero lobby, sostienen que el atraso secular
español en ciencia y tecnología se debe al escaso presupuesto estatal y al
bajo número de investigadores en los Organismos Públicos de Investigación (OPI). Están llevando a cabo una intensa campaña para convencer al Gobierno de que en 2010 el presupuesto de ciencia y tecnología debe ascender al 2% del PIB. Afirman que esto es necesario para que España «no pierda el tren del futuro, que es la economía basada en el conocimiento».
Esta campaña es bastante burda ya que, para convencer a los políticos, se afirma que la situación puede cambiar a mejor en el corto plazo, en el curso de esta legislatura: «ahora o nunca». La excelencia científica no se
consigue «subiéndose al tren de la investigación y de las nuevas
tecnologías». La excelencia científica y tecnológica no es un tren que se
pueda coger, sino una pirámide cuya construcción requiere décadas o siglos de esfuerzos, basados en la asunción de principios universales que
transcienden a todas las culturas.
El más importante es que la pirámide o empresa científica tiene que ser
independiente del poder político. Una consecuencia natural de este principio es que los investigadores y profesores de universidad no pueden ser funcionarios, nombrados según criterios diseñados y controlados por las administraciones públicas.
Las recientes iniciativas del Gobierno central de crear instituciones como
el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y el Centro
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), al frente de las cuales han puesto a científicos internacionales como Mariano Barbacid y Valentín Fuster, han forzado a la Administración a aceptar este principio universal: los investigadores de centros que aspiran a la excelencia no pueden ser funcionarios, ni tienen que ser de nacionalidad española.
El mismo principio va a regir en el Instituto de Investigación Biomédica
(IRB) creado por la Generalitat, en el que va a colaborar como director
adjunto Joan Massagué (investigador en el Sloan-Kettering Cancer Institute de Nueva York). Asimismo, el Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia ha contratado a Miodrag Stojkovic, científico serbio de 41 años, con licenciatura de la Universidad de Belgrado y doctorado en la Universidad de Munich, catedrático de Embriología y Biología de Células Madre en la Universidad de Newcastle (Inglaterra), el cual es el primer científico europeo que ha logrado clonar un embrión humano con fines terapéuticos (¿exigirá el Ministerio que sus gnomos convaliden sus títulos?).
Stojkovic se ha incorporado a tiempo completo desde el pasado mes de enero, y no a tiempo parcial como Fuster y Massagué, los cuales conservan sus puestos en Nueva York.
Según Massagué, para que un centro científico funcione, se han de dar dos condiciones básicas: «un modelo de organización flexible capaz de adaptarse con rapidez y eficacia a la dinámica cambiante que exige la ciencia actual y una inyección económica que permita conseguir los objetivos que se plantean».
El lobby científico pretende que la Administración aumente considerablemente los presupuestos, sin señalar que lo primero que hay que hacer es cambiar el modelo de organización del sistema científico y tecnológico, de acuerdo con los valores universales arriba mencionados.
En justicia hay que señalar que voces responsables propugnan el empleo de científicos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con contratos indefinidos, al margen de las plantillas funcionariales. Pero para construir el nuevo sistema científico español, hay que ser más radicales y declarar a extinguir el estatus funcionarial para los futuros investigadores de los OPI y profesores de las universidades públicas.
¿Cómo lograr que las universidades públicas y los OPI sean independientes del poder político? Esto es mucho más fácil de resolver que descifrar los jeroglíficos de la piedra Rosetta. Como es el caso en Estados Unidos y en Suiza, las universidades y los OPI tienen que estar gobernados por un patronato, cuyos miembros son nombrados a dedo por la Administración Pública responsable para mandatos fijos, cuya duración debe ser superior al mandato de la Administración. Como es lógico, los miembros del patronato no pueden pertenecer a la universidad o al OPI.
El número de políticos miembros natos del patronato no debe superar el 25%. La Administración transfiere al patronato el poder y control absolutos sobre su institución, en particular, el patronato nombra y destituye al rector o presidente, y determina la política de personal. Este sistema de gobierno, especificado por ley, ha sido una de las causas principales de la excelencia lograda por la Universidad de California (Berkeley, Los Angeles, San Diego,...), la mejor universidad pública de Estados Unidos, y no ha habido que cambiarlo en 125 años.
Un ejemplo español de primeros pasos en esta dirección es el de la
Universitat Oberta de Catalunya, cuyo rector es nombrado por el Patronato de la Fundación para la universidad, pero el intervencionismo político muestra su pata porque su nombramiento y cese tienen que ser ratificados por la Generalitat. Mientras que en España no se asuma el principio universal de la independencia plena del poder político, no se podrá alcanzar la excelencia en ciencia y tecnología, sea cual sea el porcentaje del PIB dedicado a las mismas.
Es penoso observar el papanatismo al que han sido conducidos los gobiernos españoles. Se les ha convencido de que la solución del atraso secular español en ciencia y tecnología es sencilla: se firma un cheque gordo como han dicho que van a hacer (450 millones de euros) con el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y voilá!: en 10 años será el mejor instituto de Europa. Esto ignora que la excelencia en las instituciones de prestigio mundial se ha logrado después de décadas o siglos de esfuerzos en los que se han regido por una serie de valores universales. Entre éstos no figuran edificios suntuosos cuando se crea una institución, como los de CNIO y del CNIC.
El Instituto Rockefeller de Investigación Médica fue fundado en Nueva York en 1901. Empezó a funcionar en unos locales alquilados modestos, y en 1906 ocupó su propio edificio nuevo de seis plantas. Su primer director, Simon Flexner, desarrolló en 1907 un suero que demostró ser eficaz en el tratamiento de la meningitis cerebroespinal, con el que se salvó la vida a cientos de neoyorkinos. En homenaje a este descubrimiento, Rockefeller anunció la creación de un hospital de 60 camas adjunto al instituto que fue inaugurado en 1910.
El fichaje más importante de Flexner fue el del cirujano francés Alexis
Carrel en 1906. Carrel fue el primer cirujano que pudo volver a juntar venas y arterias que habían sido seccionadas, y ganó el premio Nobel de Medicina en 1912, el primero concedido a un investigador en Estado Unidos. Hasta el presente, el instituto (convertido en la Universidad Rockefeller) ha producido un total de 23 premios Nobel: esto es el resultado del trabajo de más de un siglo, sin ministros ni burocracias.
Otro ejemplo claro es Harvard, considerada por muchos como la mejor
universidad del mundo. ¿En cuánto tiempo se forjó su excelencia? En cerca de cuatro siglos.
Termino con una nota positiva. Massagué afirmó en una ocasión: «la mayor parte del talento (científico) del país se encuentra hoy día dentro de España, y la mejor inversión que puede hacerse es cultivarlo». Pero esta misión no puede llevarse a cabo manteniendo las estructuras politizadas, burocráticas y medievales del sistema universitario y científico español.
Cambiémoslas.
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Estoy totalmente de acuerdo de que la ciencia y tecnología en España esta muy politizada, es más, muchos altos cargos de la administración pública, una vez terminada su labor política se retiran a puesto de gran responsabilidad dentro de las universidades y los organismos públicos científicos, y en vez de dedicarse a la investigación continuan con su lucha política. Se tendría que evitar la intromisión de los políticos en las decisiones de estas instituciones y dar más libertad de decisión a las responsables de tal forma determinar las necesidades para incrementar el número de investigadores y los esfuerzos económicos que conllevan.
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